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lleiEl Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, ha sido objeto de revisión y actualización, motivada, en gran parte por los compromisos  internacionales adquiridos por España.  Entre ellos , los derivados de la Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil;  de la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas; y de la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea.   Asimismo, se modifica la actual regulación del delito de inmigración ilegal, separando claramente esta figura delictiva del delito de trata de seres humanos y ajustando tipos y penas a las exigencias derivadas de la Directiva 2002/90/CE y la Decisión Marco 2002/946/JAI.

En este sentido cabe destacar la introducción de dos realidades del delito de Trata de Seres Humanos como son la trata para comisión de actividades delictivas y la trata para matrimonios forzados.

Por otro lado, se han realizado modificaciones respecto la regulación del decomiso, especialmente del decomiso ampliado, introducido ya en 2010 para los delitos de terrorismo y los cometidos por grupos u organizaciones criminales, y que ahora se extiende a otros supuestos en los que es frecuente que se produzca una actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar importantes beneficios económicos  como es la Trata de Seres Humanos.

Por último, se introducen modificaciones en los delitos contra la libertad sexual y se modifica  el artículo 187 con el objetivo de perseguir con mayor eficacia a quien se lucre de la explotación de la prostitución ajena. Con este fin, se sanciona separadamente el lucro de la prostitución cuando concurran determinadas conductas que evidencien una situación de explotación.

Todo ello implica una mejora y un avance en la regulación y persecución del delito de Trata de Seres Humanos que también debería significar una mejora para las víctimas respecto al acceso a indemnización por daños y perjuicios mediante la aplicación del decomiso de bienes.  A la práctica, faltará ver en qué se traduce todas estas modificaciones que, si bien es cierto que responden a “nuevas figuras delictivas”, no se ajusta a una realidad dominada por la hegemonía de organizaciones criminales y sus siempre cambiante formas de delincuencia.